ESTEBAN GÁNDARA, COMISARIO JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
– La protección contra incendios (PCI) está regulada por el Ministerio de Industria, sin embargo, se trata de una materia en la que entran en juego muchos actores, entre ellos varios enmarcados en el Ministerio del Interior. ¿Cuál es su punto de vista sobre el planteamiento actual de la prevención y lucha contra los incendios?

Entiendo que la regulación relativa a la respuesta a los incendios, el sistema de protección contra incendios y la homologación de productos o sistemas está bien situada en el Ministerio de Industria.

Los medios para hacer frente al fuego pertenecen a los bomberos –bien sean de carácter autonómico, municipal o incluso privado– y cuando el incendio tiene unas determinadas dimensiones entramos en el mundo de la protección civil y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCSE). Si enlazamos esto con la seguridad en general, y la seguridad privada en particular, claro que el sistema de protección contra incendios y la protección civil tienen una relación directa con ella. En el sistema nacional de protección civil, las FCSE ocupan un lugar destacadísimo. Para todo el mundo es normal que estén presentes en una catástrofe, bien sea en la ciudad o en el medio rural. No en las labores de extinción, pero sí en las de colaboración, prevención, contención y de protección de los ciudadanos.

Además, hay que recordar que la prevención contra incendios y la protección civil han estado siempre relacionadas con la seguridad privada. La ley aprobada en 2014 lo refleja de manera explícita en tres aspectos. Por un lado, la PCI está incluida en la formación de los aspirantes a vigilantes y directores de seguridad. Por otro, la norma encomienda a este último la coordinación de todos los servicios relacionados con la protección civil que dependan de él, incluidos los incendios. Y en tercer lugar, dentro de las actividades compatibles para las empresas de seguridad están los sistemas de prevención contra incendios e incluso la conexión de esos sistemas a centrales receptoras de alarmas.

En el desarrollo reglamentario que proponemos para la Ley de Seguridad Privada, contemplamos también expresamente la formación de los vigilantes y los directores, las actividades compatibles y las conexiones a centrales de alarmas. En este último aspecto, la norma aclara que la respuesta y la comunicación en el caso de los servicios de PCI no deben ser iguales que con las alarmas relacionadas con personas o inmuebles. En ese caso han de ponerse directamente en contacto con los servicios de extinción para que ellos respondan.

Por tanto, cualquiera que entienda que el mundo de la PCI es ajeno al de la seguridad está en un error de concepto.