El Congreso de los Diputados aprobó la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana con 181 votos a favor, 140 en contra y una abstención. La ley, que entró en vigor el 1 de julio, pone fin a 16 meses de tramitación parlamentaria en los que el texto ha sufrido numerosos cambios con respecto al borrador original que presentó el Ministerio del Interior.

Esta ley regula aspectos y funciones atribuidos a otros órganos y autoridades administrativas, como la documentación e identificación de las personas, el control administrativo de armas, de explosivos, de cartuchería y de artículos pirotécnicos o la previsión de la necesidad de adoptar medidas de seguridad en determinados establecimientos. Todo ello con el correlato de un régimen sancionador actualizado que es imprescindible para garantizar el cumplimiento de los fines de la ley, según fuentes institucionales.

Además, también el nuevo marco dispone las medidas que deberán adoptar las autoridades para proteger la celebración de reuniones y manifestaciones, así como para restablecer la normalidad de su desarrollo en casos de alteración de la seguridad ciudadana, tal y como comunicaban fuentes oficiales.

La Ley de Seguridad Ciudadana regula por primera vez los registros corporales externos, que sólo podrán realizarse cuando existan motivos para suponer que pueden conducir al hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos relevantes para el ejercicio de las funciones de indagación y prevención que encomiendan las leyes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Además determina las medidas de control administrativo que el Estado puede ejercer sobre las actividades relacionadas con armas, explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos. Asimismo, se establecen obligaciones de registro documental para actividades relevantes para la seguridad ciudadana.

En cuanto a los autores de las conductas tipificadas como infracciones, se exime de responsabilidad a los menores de 14 años, en consonancia con la legislación sobre responsabilidad penal del menor. Asimismo se prevé que cuando sea declarado autor de los hechos cometidos un menor de 18 años, no emancipado o una persona con la capacidad modificada judicialmente,responderán solidariamente con él de los daños y perjuicios ocasionados sus padres, tutores, curadores, acogedores o guardadores legales o de hecho.

Si quieres tener todos los detalles de esta Ley puedes encontrarlos aquí.